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El escándalo de las concesiones de playa: quién decide y cuánto cobran
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El escándalo de las concesiones de playa: quién decide y cuánto cobran

6 min de lectura·7 de abril de 2026
Una investigación destapa irregularidades en la adjudicación de chiringuitos y servicios de hamacas en varias costas españolas. Los ayuntamientos responden.

Las concesiones de playa mueven cientos de millones de euros cada verano. Quién se queda con la primera línea, durante cuántos años y por cuánto dinero es una decisión que muchos ayuntamientos toman lejos del foco público. Una investigación reciente destapa irregularidades en adjudicaciones de chiringuitos y servicios de hamacas en varias costas españolas — y los números no cuadran.

¿Qué es una concesión de playa y quién tiene el poder de adjudicarla?

Una concesión de playa es el derecho a explotar un tramo de dominio público marítimo-terrestre durante un periodo determinado. En teoría, la Ley de Costas de 1988 marca el marco: el Estado es el titular del suelo, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos gestionan las autorizaciones de servicios — hamacas, sombrillas, chiringuitos, instalaciones náuticas. En la práctica, ese reparto de competencias genera zonas grises donde la transparencia brilla por su ausencia. El ayuntamiento de turno convoca un concurso, valora las ofertas con criterios que a veces son tan vagos como "calidad del proyecto", y adjudica. Y el mismo operador lleva décadas en el mismo tramo.

Filas de hamacas y sombrillas organizadas en zona concesionada de playa
Una zona bien organizada mejora la experiencia del bañista

Los precios que pagan los concesionarios — y lo que cobran ellos después

Aquí está el núcleo del escándalo. Un chiringuito en primera línea de Marbella puede pagar al ayuntamiento entre 8.000 y 25.000 euros anuales por su concesión. Ese mismo chiringuito factura entre 400.000 y 800.000 euros en una temporada alta. En Benidorm, algunas concesiones de servicios de hamacas — los famosos maqueros con decenas de elementos instalados — tributan a los ayuntamientos tasas que no superan los 12.000 euros anuales mientras ingresan más de 200.000 euros por temporada solo en alquiler de hamacas a entre 10 y 20 euros por unidad y día. La desproporción entre lo que se paga por usar el espacio público y lo que se extrae de él es el primer motivo de controversia.

La investigación: qué irregularidades han salido a la luz

La investigación publicada este año apunta a tres patrones repetidos en costas de Andalucía, Valencia y Baleares. Primero, prórrogas encadenadas: concesiones que legalmente deberían salir a concurso público se renuevan de forma directa durante años, incluso décadas, sin competencia real. Segundo, criterios de valoración diseñados a medida: los pliegos de condiciones incluyen requisitos tan específicos — tipo de instalación, historial en la misma playa, criterios subjetivos de "integración paisajística" — que solo el operador ya instalado puede cumplirlos. Tercero, vínculos entre adjudicatarios y cargos municipales que aparecen en registros de actividades o financiación de campañas. Varios ayuntamientos ya han respondido públicamente: el de Roquetas de Mar asegura haber revisado todos sus pliegos tras la polémica; el de Calpe anunció una auditoría interna. Ninguno ha anulado ninguna concesión todavía.

El maquero: figura central del negocio de hamacas

El maquero es el operador que gestiona el servicio de hamacas y sombrillas en la playa. Puede ser un autónomo con diez elementos en una cala tranquila o una empresa con cientos de hamacas repartidas en kilómetros de arena en la Costa del Sol. Son ellos los que llegan a las 7 de la mañana a montar el equipo, los que contratan a los pinches de verano para cobrar, los que negocian directamente con el ayuntamiento la tarifa que pagan. Y son ellos los que, según la investigación, llevan más tiempo en el sistema y conocen mejor sus fisuras. No todos operan de forma cuestionable — muchos maqueros llevan décadas trabajando de forma legal y transparente —, pero el sector en conjunto ha funcionado históricamente con poca exposición pública.

Distribución ordenada de tumbonas y parasoles en playa mediterránea
Los concesionarios organizan las hamacas en filas paralelas al mar

¿Qué dice la Ley de Costas y por qué no se cumple del todo?

La normativa establece que las concesiones en dominio público marítimo-terrestre no pueden superar los cuatro años para servicios de temporada, deben salir a licitación pública y no son transferibles sin autorización expresa. En la realidad del paseo marítimo español, las interpretaciones autonómicas han creado excepciones, las demoras administrativas han convertido prórrogas provisionales en situaciones permanentes, y algunos ayuntamientos han utilizado la figura del "precario" para mantener instalaciones sin concurso formal. El resultado: operadores que llevan 15 o 20 años en el mismo metro de arena sin haber competido nunca abiertamente por ese espacio.

El impacto real en el bañista: precios altos y menos opciones

Cuando una concesión no tiene competencia, los precios tienden a subir sin control real del mercado. En Ibiza, alquilar una hamaca en primera línea llega a costar entre 25 y 35 euros por día. En la Costa Brava, entre 15 y 22 euros. Solo en destinos con más oferta o menos presión turística — como algunas playas de Roquetas de Mar o el litoral almeriense — el precio baja a entre 8 y 12 euros. Esa diferencia no siempre responde a la calidad del servicio: responde, en muchos casos, a si hay o no competencia real en ese tramo. Plataformas como Sombrilleo han empezado a visibilizar estos precios de forma comparativa, lo que por primera vez permite al usuario ver cuánto cuesta el mismo servicio en distintas playas antes de elegir destino.

Zona de hamacas con módulos ordenados y sombrillas en playa española
La organización de las hamacas define la calidad del servicio de cada zona

¿Qué están haciendo los ayuntamientos para responder?

Las respuestas institucionales han sido variadas. Algunos municipios han acelerado procesos de licitación que llevaban años paralizados. Otros han anunciado revisiones de pliegos para hacerlos más transparentes y competitivos. La Junta de Andalucía, que tiene competencias sobre buena parte de la gestión costera en su territorio, ha prometido un sistema de seguimiento de concesiones accesible al público para 2025. En Baleares, la presión ciudadana en playas de Formentera ha obligado a replantear la densidad máxima de hamacas permitida por concesión. Son pasos, pero el sistema de fondo — opaco, basado en relaciones locales y pliegos poco competitivos — sigue siendo el mismo.

Datos clave del negocio de las concesiones de playa en España

  • El precio de una concesión de chiringuito en primera línea de Marbella: entre 8.000 y 25.000 €/año al ayuntamiento.
  • Facturación media de un chiringuito bien situado en temporada alta: entre 400.000 y 800.000 €.
  • Precio de hamaca en primera línea de Ibiza: hasta 35 €/día. En Roquetas de Mar: desde 8 €/día.
  • Duración legal máxima de una concesión de temporada según la Ley de Costas: 4 años con licitación pública obligatoria.
  • Algunos operadores llevan más de 15 años en el mismo tramo sin concurso abierto documentado.
  • Varios ayuntamientos andaluces y valencianos están bajo escrutinio por pliegos considerados restrictivos a la competencia.
Preguntas frecuentes
¿Puede cualquier empresa pedir una concesión de hamacas en la playa? +
En teoría sí, siempre que el ayuntamiento convoque un concurso público. El problema es que muchas concesiones se renuevan sin licitación abierta mediante prórrogas o precarios. Si no hay concurso, no hay forma legal de entrar como nuevo operador en ese tramo.
¿Quién fija el precio de las hamacas en la playa? +
El operador concesionario fija libremente el precio al público — no hay tarifa regulada obligatoria en la mayoría de municipios. El ayuntamiento solo fija la tasa que cobra al operador por usar el espacio público, que suele ser muy inferior a lo que el operador ingresa. Por eso los precios varían tanto entre playas.
¿Es ilegal lo que denuncian las investigaciones sobre las concesiones? +
No siempre en sentido penal. Muchas de las prácticas denunciadas están en zona gris administrativa: no son estrictamente ilegales según la interpretación local, pero vulneran el espíritu de la normativa de concurrencia competitiva. Algunos casos sí han derivado en investigaciones penales por prevaricación o tráfico de influencias, aunque las condenas son escasas.

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